El 29 de noviembre de 2025, el gobierno peruano tomó una drástica medida para abordar la creciente ansiedad regional: declaró un estado de emergencia de 60 días en su frontera sur con Chile. La decisión, confirmada por el presidente José Jerí y detallada en un decreto oficial, se produce mientras Perú se prepara para una posible oleada de migrantes que huyen de Chile antes de la crucial segunda vuelta presidencial del país el 14 de diciembre. Ante el creciente temor de que el candidato de extrema derecha José Antonio Kast pudiera ganar las elecciones, las autoridades peruanas han actuado con rapidez para reforzar la seguridad fronteriza y dar a conocer su postura sobre la migración irregular.
El decreto de emergencia, según informaron Reuters y varios medios regionales, otorga a las Fuerzas Armadas peruanas un papel de apoyo junto a la Policía Nacional en la región de Tacna, una zona que se ha convertido en un punto focal para los migrantes que intentan cruzar desde Chile. El período de 60 días, que se extiende más allá de las elecciones chilenas, busca brindar a las autoridades peruanas las herramientas legales y logísticas necesarias para gestionar tanto el flujo de personas como el aumento de la delincuencia en la zona fronteriza. «La Policía Nacional del Perú mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas», establece el decreto, según Associated Press.
La urgencia de la medida radica en el tenso clima político al sur de la frontera. Kast, exdiputado que se postula por tercera vez a la presidencia, ha basado su campaña en una postura inflexible contra la inmigración. En un video publicado en la frontera, Kast advirtió a los migrantes indocumentados en Chile que tenían exactamente 103 días —hasta el 11 de marzo de 2026, fecha de juramentación del próximo presidente— para abandonar el país voluntariamente. «Si no se van voluntariamente, los detendremos, los retendremos, los expulsaremos y se irán con lo que traen puesto», declaró Kast, según Reuters y medios locales peruanos. El ultimátum conmocionó a las comunidades migrantes, especialmente a los aproximadamente 330.000 migrantes indocumentados que residen actualmente en Chile.
El impacto de la retórica de Kast ya se ha sentido en el terreno. En los últimos días, al menos 100 extranjeros —en su mayoría venezolanos, según el general Arturo Valverde de la policía peruana— se han congregado en la frontera entre Chile y Perú, intentando cruzar a territorio peruano. Muchos fueron rechazados previamente tras no poder pasar por el Complejo Fronterizo de Chacalluta, un paso fronterizo cerca de Arica, Chile, a unos 2200 kilómetros al norte de Santiago. Videos e imágenes difundidos por Radio Tacna y otros medios muestran a migrantes, algunos con niños en brazos, caminando por la carretera cerca de la frontera, con sus pertenencias a cuestas.
Un migrante venezolano, en declaraciones anónimas a The Clinic, describió la ansiedad que embargaba a quienes cruzaban la frontera: «Nos vamos de Chile por temor a que nos desalojen por la fuerza si Kast llega a la presidencia. No quieren dejarnos entrar a Perú». Este sentimiento es compartido por otros que, ante la amenaza de expulsión, han optado por salir de Chile de forma preventiva en lugar de arriesgarse a ser deportados por la fuerza bajo un nuevo gobierno.
Las autoridades peruanas, por su parte, han respondido con una combinación de cautela y firmeza. El presidente Jerí enfatizó que el estado de emergencia «generará tranquilidad ante el riesgo de que migrantes ingresen sin autorización», según publicó en X, anteriormente Twitter. El general Valverde confirmó que la vigilancia en la frontera se había intensificado incluso antes de la declaración de emergencia, y se espera el despliegue de fuerzas militares en los puntos de cruce clave para prevenir la entrada no autorizada. El enfoque del gobierno, según las autoridades, no se limita a la migración, sino que también aborda la delincuencia y la violencia en la región, temas que se han entrelazado con el debate migratorio más amplio.
El canciller peruano, Hugo de Zela, anunció que un comité binacional de cooperación migratoria comenzaría a funcionar la semana posterior a la declaración de emergencia, con el objetivo de coordinar respuestas políticas con Chile. Sin embargo, de Zela fue inequívoco sobre las limitaciones de Perú: «No permitiremos la migración irregular. No tenemos las condiciones ni la capacidad para recibir a más migrantes», declaró a la prensa. Desde 2015, más de 1,5 millones de venezolanos han llegado a Perú huyendo de una crisis humanitaria y política cada vez más profunda en su país, una ola migratoria que ya ha llevado al límite los recursos y la infraestructura del país.
La situación en la frontera, entonces, no es solo una cuestión logística, sino una prueba de voluntad política y respuesta humanitaria en toda la región. Perú ha servido durante mucho tiempo como país de destino y tránsito para migrantes de toda Latinoamérica, muchos de los cuales pasan por allí camino a Chile, considerado históricamente uno de los países más estables y prósperos del continente. Ahora, con la retórica política en Chile alimentando los temores e incitando la migración inversa, la dinámica ha cambiado drásticamente.
A medida que se acerca la segunda vuelta del 14 de diciembre, hay mucho en juego para todas las partes involucradas. La oponente de Kast, la candidata de izquierda Jeannette Jara, ha ofrecido una visión radicalmente diferente para Chile, pero son las promesas —y amenazas— de Kast las que han acaparado los titulares y han moldeado las acciones tanto de migrantes como de gobiernos. La rápida declaración de emergencia por parte del gobierno peruano refleja tanto la inmediatez de la amenaza como las presiones regionales más amplias que pueden generar las elecciones y los cambios de política.
Los observadores señalan que la crisis actual es emblemática de las tendencias más amplias que se desarrollan en Sudamérica, donde la inestabilidad política, las dificultades económicas y los cambios en las políticas migratorias han creado una situación inestable. La frontera entre Perú y Chile, antes un cruce relativamente tranquilo, se ha convertido en un foco de tensión para estas fuerzas más amplias. A medida que las familias con niños acampan cerca de los puestos de control y las autoridades intensifican las patrullas, el costo humano de las decisiones políticas se hace cada vez más visible.